El boom de maquinaria minera en Chile deja al descubierto un riesgo oculto en los seguros

La minería chilena vive un momento de intensa renovación tecnológica. Entre enero y mayo de 2026, la inversión en equipamiento del sector alcanzó US$352 millones, un 14,4% más que en el mismo período del año anterior, según cifras de Cochilco. Codelco Andina sumó 18 nuevos camiones CAT 798AC a su operación en Mina Rajo, llegando a 57 equipos, mientras que Minera Escondida avanza en un proceso similar junto a Caterpillar y Finning. El mensaje es claro: el recambio de flota no da señales de frenarse.

Sin embargo, detrás de este dinamismo se esconde un problema que pocas veces llega a los titulares. El mercado de seguros de equipos móviles mineros en Chile mueve cerca de US$500 millones anuales en primas, pero asegurar esta maquinaria no es una obligación legal: es una exigencia contractual que la empresa mandante impone a sus contratistas. Eso significa que las condiciones de cobertura, y sus eventuales vacíos, quedan en manos de cada compañía, con criterios que varían de caso en caso.

Lucas Behncke, experto en seguros de equipos móviles de Ventus Group, advierte que el ritmo acelerado de incorporación de maquinaria genera un pasivo que muchas empresas no identifican hasta que ya es demasiado tarde. «Cada camión que entra a operar sin que la póliza lo registre formalmente es un riesgo que la empresa no ve hasta que ocurre el siniestro», señala.

El fondo del problema, explica Behncke, no es la ausencia de seguros, sino los plazos y los valores declarados. La mayoría de las pólizas de flota contratista incluyen una cláusula de notificación de incorporación, que obliga a informar cada equipo nuevo en ventanas de 30 a 60 días. Si ese aviso no llega a tiempo, o si el valor declarado no refleja el costo real de reposición —incluyendo importación, montaje y puesta en marcha—, la empresa queda expuesta a lo que en la industria se conoce como infraseguro: una condición que reduce proporcionalmente cualquier indemnización futura.

Las consecuencias de este escenario no son menores. Estudios internacionales indican que en el 77% de las instalaciones evaluadas existen situaciones de infraseguro no detectadas. En Chile, donde la minería representa cerca del 10% del PIB y sostiene empleo directo e indirecto en regiones como Antofagasta, Atacama y Coquimbo, un siniestro mal cubierto puede traducirse en:

• Parálisis operativa de faenas que abastecen la cadena productiva nacional
• Pérdidas millonarias que afectan a contratistas medianos y pequeños
• Impacto en el empleo de comunidades cuya economía depende del sector

En un país donde el cobre financia una parte significativa del presupuesto público, la solidez financiera de quienes operan en la industria no es solo un asunto corporativo. Es, también, una cuestión de estabilidad económica para miles de familias chilenas.