Chile frente a la tormenta perfecta: menor crecimiento, más desempleo y el desafío de un desarrollo sostenible

Chile enfrenta un momento económico complejo que se sentirá en el bolsillo de las familias. El Banco Central recortó sus proyecciones de crecimiento para 2026 a un rango de apenas 0,25% y 0,75%, una cifra que en la práctica significa una economía casi estancada. A eso se suma que la inflación cerraría el año ligeramente por encima del 4%, erosionando el poder adquisitivo de los hogares, mientras el desempleo trepó al 9,5% entre mayo y julio de 2026, su nivel más alto en cinco años según el Instituto Nacional de Estadísticas.

Estas cifras no son solo números en un informe técnico: representan más personas sin trabajo, precios más altos en el supermercado y menor capacidad de ahorro para millones de chilenos. El freno en la inversión en sectores clave como minería, energía e infraestructura explica en gran medida este enfriamiento, ya que son los motores tradicionales que arrastran al resto de la economía.

Pero más allá de la coyuntura, el escenario actual obliga a hacerse una pregunta más profunda: ¿puede Chile seguir creciendo sin destruir las bases que hacen posible ese crecimiento? El país depende intensamente de sus recursos naturales, y tanto el agua como la energía son cada vez más escasos y disputados en un contexto de cambio climático.

Los efectos de este desafío ya son visibles en la vida diaria:

• Sequías prolongadas que afectan la agricultura y el abastecimiento de agua potable en varias regiones.
• Incendios forestales e inundaciones más frecuentes que destruyen infraestructura y viviendas.
• Alzas en tarifas eléctricas vinculadas a la transición energética y la menor disponibilidad hídrica para centrales hidroeléctricas.

Frente a esto, expertos de Santo Tomás advierten que la sostenibilidad ya no es un lujo ni una moda: es una condición necesaria para que Chile pueda crecer de forma real y duradera. Esto implica construir infraestructura capaz de resistir desastres naturales, diseñar políticas públicas que integren criterios ambientales y sociales, y establecer marcos regulatorios que den certeza tanto a las inversiones como a las comunidades.

El desafío, en definitiva, es encontrar un camino que permita reactivar la economía, generar empleos de calidad y al mismo tiempo no comprometer los recursos que las próximas generaciones de chilenos también necesitarán. Un equilibrio difícil, pero que el país no puede seguir postergando.