El 72% de las empresas chilenas no está lista para la nueva ley de datos personales: la amenaza escondida está en bodegas y computadores viejos

¿Cuándo fue la última vez que alguien revisó esas cajas apiladas en la bodega de la oficina? ¿O ese computador viejo que lleva meses arrumbado en un rincón? Para miles de empresas chilenas, esos objetos cotidianos y aparentemente inofensivos se han convertido en una bomba de tiempo legal.

Un estudio realizado por LemonTech y la Asociación Chilena de Ética y Compliance (ACEC) encuestó a 127 organizaciones y reveló que el 72% de las empresas del país admite no estar preparada para cumplir con la nueva Ley de Protección de Datos Personales. Más preocupante aún: el 46% no ha tomado ninguna medida concreta para adecuarse. Entre las pequeñas empresas, la situación es crítica: nueve de cada diez reconocen que no están listas.

La Ley 21.719 establece reglas claras sobre cómo deben manejarse los datos personales de clientes, trabajadores y proveedores. Entre sus exigencias principales, obliga a las organizaciones a conservar esa información solo por el tiempo estrictamente necesario y, una vez cumplida su finalidad, a eliminarla o anonimizarla de forma segura. También exige proteger esos datos ante posibles filtraciones o pérdidas. Quienes no cumplan se exponen a multas de hasta 20.000 UTM, equivalentes a más de $1.400 millones de pesos.

El debate público sobre esta ley se ha concentrado en los sistemas informáticos y las bases de datos digitales, pero el estudio advierte que el 85% de las empresas aún gestiona estos temas con procesos manuales. Eso significa que el verdadero riesgo puede estar en lugares mucho más concretos y olvidados:

• Cajas con contratos, liquidaciones de sueldo y fichas de clientes acumuladas en bodegas.
• Computadores, discos duros y teléfonos corporativos dados de baja que nunca fueron borrados correctamente.
• Archivos físicos que nadie sabe muy bien qué contienen ni desde cuándo están ahí.

«Fin de año es cuando las empresas ordenan, cierran presupuesto y descubren lo que acumularon. Es una especie de Diógenes corporativo: nadie sabe qué hay en esas cajas ni en esos equipos, pero casi siempre hay datos de personas», señaló Juan Ianchina, gerente de la empresa de gestión de residuos Bendito Residuo.

El problema no es solo legal. Chile genera cerca de 220 mil toneladas de residuos electrónicos al año, más de 10 kilos por persona, y recicla menos del 5% de esa basura tecnológica. El decreto de la Ley REP para aparatos eléctricos y electrónicos, publicado en mayo de este año, fija metas de recolección que parten en 3% y deben alcanzar el 45% al décimo año, con obligaciones exigibles desde 2028.

En la práctica, lo que está en juego es doble: por un lado, la privacidad de millones de chilenos cuyos datos pueden estar circulando sin control en equipos desechados o archivos abandonados. Por otro, la salud financiera de las propias empresas, que podrían enfrentar sanciones severas por descuidos que hoy consideran menores. El reloj ya está corriendo.